4.4 ESTADO DE DERECHO, INSEGURIDAD, CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, INSEGURIDAD Y NARCOTRAFICO COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTADO DE DERECHO

Un Estado de derecho es un modelo de orden para el país por lo cual, este que se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones ordenado en torno de una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se someten a las normas de ésta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado están limitadas estrictamente por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales.

Lo anterior contrasta con lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del dictador es la de una gran medida de acciones sin que medie una norma jurídica. En un Estado de derecho las leyes organizan y fijan límites de derechos en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público (en ese sentido no debe confundirse un Estado de derecho con un Estado democrático, aunque ambas condiciones suelan darse simultáneamente). Esta acepción de Estado de derecho es la llamada "acepción débil" o "formal" del Estado de derecho.

Existen dos acepciones tradicionales del concepto Estado de derecho:

• La acepción débil o meramente formal (Estado de derecho en sentido formal), el único requisito para que un Estado sea de derecho según esta acepción es que en su organización político-social de «cualquier poder deba ser conferido por la ley y ejercido en las formas y procedimientos establecidos por ella». Esta acepción no excluye a los Estados autoritarios, ya que la anterior condición puede ser satisfecha por sus sistemas jurídicos.
• La acepción fuerte o substantiva (Estado de derecho en sentido real o material), requiere además que «cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no solo sus formas sino también sus contenidos»² Esta segunda condición según qué contenidos sean señalados como deseables excluiría a los estados totalitarios.

INSEGURIDAD EN MÉXICO

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La corrupción y la impunidad se han convertido en un serio problema para México, ya que parece que existe una costumbre vivir con estos fenómenos que provocan la descomposición social ante la pérdida del temor a no cumplir con la ley, advierte el coronel de artillería Diplomado del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Filiberto Mondragón Polo.

“El alto financiamiento, la corrupción e impunidad, la connivencia con la delincuencia organizada, ratifican la desconfianza que la población le tiene a sus partidos políticos, al observar que actúan como una clase privilegiada e insensible a las necesidades que tiene el país, relacionadas con la pobreza extrema, la desigualdad social y el desempleo”, destaca.

La impunidad es grave, ya que ha provocado en nuestra sociedad la constante y sistemática violación de la ley, hacen difícil su solución. “Corrupción e impunidad, están afectando la gobernabilidad, el desarrollo y la democracia”, subraya.

Agrega que para la asignación de contratos de obra pública y adquisiciones, los diezmos, sobornos y comisiones aumentan año tras año. El problema no mejoró con la alternancia política, lo que desmintió la idea de que un cambio de partido político en el poder resolvería la grave situación que sobre corrupción prevaleció por más de 70 años.

NARCOTRAFICO

HISTORIA

El origen del narcotráfico en México viene de muchos años atrás, iniciando en el estado de Sinaloa, sin embargo, los detonantes y los muchos factores que han contribuido a la escalada de la violencia, según los analistas de seguridad lo atribuyen a la terminación del arreglo implícito existente entre los traficantes de drogas y los gobiernos locales o estatales. Este arreglo gobierno-narcotráfico consistía en permitir el libre paso de cargamentos de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos por rutas definidas en parte del territorio mexicano transportadas principalmente por tierra, y se tenían territorios o plazas ya definidos para cada cártel del narcotráfico que generalmente no disputaban. Además se toleraba la producción en México de drogas como la marihuana y la amapola, cultivadas principalmente en los estados de Sinaloa, Guerrero, Chiapas y Veracruz, todo a cambio de sobornos que variaban según el cargo de la autoridad a sobornar. La parte más violenta se encuentra hasta la actualidad en la frontera norte, para lograr burlar las autoridades estadounidenses e introducir la droga.

Años 2010

Derivado de esto, actualmente se ha incrementado la violencia en varios estados del país, tales como Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit, Michoacán y Tamaulipas, debido a la pelea de "plazas", es decir, territorios de control, éstos estados donde hay conflicto son aquellos donde existe una fiera batalla por controlar el tráfico de drogas, por los que el gobierno del país emprende un intento por detener la violencia a través de un conflicto interno llamado guerra contra el narcotráfico y desde 2006 a la fecha ha habido una ola incesante de crímenes que ya alcanza los 50,000 muertos donde se ha incrementado el nivel y crueldad de la violencia así como los ataques a civiles. Aquellos estados donde no hay una violencia extrema o inusual son los estados centrales (excepto Estado de México) que son en su mayoría controlados por un sólo cártel ("La Familia Michoacana") que abarcaron gran parte de la zona Oriente del Estado de México (Chalco, Nezahualcóyotl, Texcoco, La Paz y Ecatepec), por lo cual no rivalizan con cárteles invasores. A la fecha han sido reportados asesinatos en masa y, después del decomiso de 135 toneladas de marihuana en la ciudad de Tijuana a finales de octubre de 2010, se registraron masacres de jóvenes cuyos sicarios interfirieron las señales de radio de la policía para amenazar con 135 futuros asesinatos porque "esto apenas comienza" amenazaron. El conflicto interno aún está lejos de terminar no se le ve pronta solución y la ONU señala que éste tipo de crímenes buscan amedrentar y desmoralizar a la población y someter a las autoridades.Mientras tanto, Janet Napolitano, secretaria de seguridad de Estados Unidos alerta de una futura posible vinculación del grupo criminal Los Zetas con células terroristas de Al Qaeda, lo que para algunos políticos de la izquierda mexicana, es tan solo un pretexto para una posible futura invasión militar de México similar a otras guerras e invasiones realizadas en la historia estadounidense, mediante la proliferación de armamento para azuzar conflictos como sucedió en Panamá ó Nicaragua. México es uno de los países de mayor exportación a otros países. 

En el mismo tenor, la agencia de control de armas y tabaco del gobierno de Estados Unidos, creó la donde de manera arbitraria, liberó armamento de alto calibre hacia el sur de la frontera, dotó de armas a narcotraficantes mexicanos para según ellos detectarlos y detener a sus poseedores, sin embargo, se le perdió la pista a todo el arsenal traficado por la agencia estadounidense por lo que éstas armas están siendo utilizadas para incrementar la violencia y tendencia al alza de asesinatos en los estados norteños de México. La operación no ha sido suspendida y aún se tiene noticia de tráfico de armas por la agencia del gobierno estadounidense hacia México.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

En noviembre de 2014 cuando se presentó formalmente la iniciativa de reformas constitucionales para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y del cual en mayo de 2015 se publicó oficialmente el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de combate a la corrupción, se define al SNA como: “La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

La reforma constitucional en materia anticorrupción es una evidente respuesta del Estado mexicano ante una serie de demandas sociales. De la misma manera, este Decreto en su transitorio segundo establece que el Congreso de la Unión, dentro de un plazo de un año, contando a partir de la entrada en vigor del mismo, deberá aprobar las leyes generales.

Una vez que entren en vigor las leyes generales, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán 180 días para expedir las leyes y adecuar normativas correspondientes. El Congreso de la Unión deberá establecer las leyes que regulen organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), establezcan las bases de coordinación del SNA, instituyan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y a la que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno como son las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por actos u omisiones.

Asimismo, para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Decreto se creará un Comité Coordinador que estará conformado por los titulares de la ASF; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Función Pública (SFP); del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana, los cuales trabajarán en coordinación con los Sistemas Locales Anticorrupción.

TRANSPARENCIA

EJEM.

El día 9 de marzo, el Comité de Participación Ciudadana emitió la convocatoria para seleccionar al próximo Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de los requisitos en la convocatoria fue la postulación de los aspirantes a través de una carta de recomendación emitida por una institución, organización pública, privada, social, académica, empresarial, sindicales, profesional.

Apegado a lo estipulado en esta convocatoria emitida por el Comité de Participación Ciudadana, en Transparencia Mexicana recibimos la solicitud de las siguientes personas para ser postuladas por la institución.

• Alejandra Rascón Rodríguez
• Alejandro Tuirán Gutiérrez
• Janet de Luna Jiménez
• Max Kaiser Aranda
• Ricardo Salgado Perrilliat.

Al no recibir otra petición de postulación, Transparencia Mexicana emitió dichas cartas dirigidas al Comité de Partición Ciudadana a partir del 24 de abril del presente año. La postulación tomó en cuenta en todo momento el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes teniendo como principio fundamental la paridad de género.